Lineas decisionales DGAEP

Líneas Generales de unificación de doctrina en la aplicación del CNSCC

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La naturaleza preventiva, correctiva y de control del CNSCC diferencia a las medidas correctivas que se imponen dentro de los procesos policivos de las sanciones fruto de los procesos administrativos sancionadores, y por ende también es deber de la autoridad diferenciar su objeto y trámite tal como lo ha determinado la Honorable Corte Constitucional en Sala Plena[1], pues mientras el objetivo principal del Derecho de Policía en cuanto a fin procesal es el restablecimiento del orden público entendido como convivencia, el Derecho Administrativo Sancionador va dirigido hacia imponer una sanción por incumplir alguna norma sujeta a ese procedimiento, lo que implica que dentro de la linealidad de éste último tipo de procesos por regla general deban agotarse todas las etapas, caso diferente al Proceso Único de Policía, en el cual el procedimiento se agota en el momento en que se restablece el orden público de forma eficaz, aunque esto suceda al inicio del mismo, y por lo tanto posee herramienta para tal fin, debiéndose siempre pronunciar sobre la imposición o no de medidas correctivas.

2

Dentro del Proceso Único de Policía es primordial aplicar el principio de progresividad por parte de la Autoridad de Policía que tiene a su cargo el procedimiento, principio éste que se encuentra implícito en el tenor del principio de necesidad[2], la aplicación del principio de progresividad que refiere el Derecho de Policía, nos indica que inicialmente se debe utilizar mecanismos de protección, restauración, educación, prevención o similares para el restablecimiento del orden público, la utilización de tales mecanismos son requisito previo a poder utilizar los medios de policía descritos en el Artículo 149 del CNSCC y tan solo cuando se evidencie la ineficacia de estos medios para alcanzar el fin propuesto de restablecimiento del orden público o la convivencia es viable la imposición de medidas correctivas constituyéndose éstas en la última ratio del Derecho de Policía, por lo tanto una vez se incurre en un comportamiento contrario a la convivencia se debe utilizar por parte de la autoridad la escala de progresividad así:

Mecanismos de protección, restauración, educación o de prevención, los cuales deben ser eficaces para el restablecimiento del orden público afectado en cualquiera de sus categorías[3], si con tales mecanismos se restablece el orden público se culmina el proceso; De no lograrse con ellos el restablecimiento del orden público es decir al no ser eficaces o no existir de acuerdo con las circunstancias se pueden utilizar los Medios de Policía.

Los Medios de Policía se encuentran enumerados en el Artículo 149 del CNSCC[4], su utilización dependerá del contexto generado por las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en que se haya incurrido en el comportamiento contrario a la convivencia. Si la utilización de tales Medios de Policía es eficaz para el restablecimiento del orden público o convivencia y esto sucede, se termina el proceso, y en el evento de que la utilización de tales medios resulte ineficaz, tan sólo en ese caso se pueden imponer las Medidas Correctivas.

Las medidas correctivas se consideran la última ratio en la aplicación de Derecho de Policía, pues, aunque su objeto es disuadir, prevenir, superar, resarcir, procurar, educar, proteger o restablecer la convivencia implican una consecuencia jurídica adversa para quien ha incurrido en un comportamiento contrario a la convivencia y no ha aprovechado las posibilidades brindadas por la autoridad para el restablecimiento del orden público, sin que esto implique que sea una sanción tal como lo estableció la Honorable Corte Constitucional (Véase pie de página 30), el CNSCC trae una enumeración de las medidas correctivas.

3

La aplicación del Artículo 3 del CNSCC implica que en principio cuando se evidencien vacíos normativos se debe recurrir al régimen de policía inicialmente para llenarlos, esto es otras leyes de policía, los reglamentos de policía, la jurisprudencia de policía y la denominada doctrina de policía que consiste en las resoluciones decretos y demás normas que se han diseñado para el trámite de los procesos policivos, esta remisión debe hacerse ante de acudir a cualquier norma externa o ajena al Derecho de Policía, y si esto ocurre la figura jurídica que se aplique no deberá desnaturalizar el proceso único de policía, para lo cual se evidenciará primero su objeto así como los principios procesales[5] como los sustanciales[6] que trae el CNSCC.

4

Se resalta tanto la autonomía del Acto de Policía, como su régimen probatorio especial contenido en el Artículo 217 del CNSCC, el cual implica que aparte de las pruebas tales como el informe de Policía, los documentos, el testimonio, la entrevista, la inspección y el peritaje, se pueden decretar pruebas cuya figura o institución aparezca en el CGP, pero para su práctica deberá ceñirse a los términos procesales del PVI, esto significa que una vez se ha escuchado a los intervinientes querellante y querellado o quejoso y presunto responsable según el caso la autoridad emitirá el auto de pruebas y una vez corrido el traslado del mismo y en firme se deberán practicar las pruebas dentro de la audiencia que refiere el Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, o también podrán practicarse durante el periodo de suspensión de la audiencia tal como sucede cuando se envían las comunicaciones solicitando una prueba trasladada, o mientras se realiza un experticio técnico.

5

Es importante resaltar que dentro de la norma de policía existió un cambio frente a la facultad que anteriormente se limitaba a controlar los establecimientos de comercio, pues ahora tal concepto se superó y amplió al concepto de Actividad Económica, esto debido a que dentro de la concepción del Derecho de Policía entendido como Derecho por y para la Convivencia, es el orden público el eje esencial que debe mantenerse y controlarse, por lo tanto son quienes generen actos o hechos materiales positivos o negativos que lo alteren los destinatarios de la aplicación de la norma de policía,  independientemente de la figura jurídica que se utilice para denominarlo, pues desde la perspectiva de convivencia la realidad cotidiana es el insumo en el que se refleja el orden o desorden público, con base en lo anterior no se hace necesario siempre vincular en los procesos de policía a los representantes legales de las entidades que ejercen actividades económicas pues muchas veces ellos no son los que están incurriendo en el comportamiento contrario a la convivencia, sino otras personas.

6

Se debe diferenciar que la mediación policial como medio de policía es muy diferente a la conciliación, por lo tanto en los comportamientos contrarios a la convivencia que determinan el requisito procesal de intentar la mediación policial, ésta debe surtirse como es el caso del Artículo 27 numerales 1 a 4 (En los demás numerales aunque la norma lo indique tal requisito es de imposible cumplimiento por no tratarse de un conflicto de convivencia entre diverso actores sino de comportamientos de causación individual).

7

En los eventos en que la decisión que ponga fin a un proceso de policía cuya notificación no se haga en audiencia, bien sea por el restablecimiento del orden urbanístico o bien sea por el restablecimiento del orden público en general etc., tal decisión deberá notificarse tal como lo indique el régimen de policía o por el medio más eficaz y expedito, por cuanto la misma es susceptible de alzada y para que adquiera firmeza requiere su ejecutoria o confirmación.

8

Para efectos de determinar la caducidad de la acción del ejercicio de la función de policía de control urbanístico se deberá tener en cuenta principalmente la fecha de ocurrencia del último acto constructivo materializado o la fecha de expiración de la vigencia de la Licencia de Construcción o sus adiciones o modificaciones.

9

En el desarrollo del PVA se debe hacer énfasis en diferenciar si se trata de una queja o de una querella, pues esto permite diferenciar quienes son partes o meros intervinientes, quienes pueden interponer recursos o no etc.

10

Es importante tener claridad frente al hecho de que en los procesos de policía no existe la figura de procesos en averiguación, o con presunto responsable desconocido, debido a que se está frente a comportamientos específicos de personas conocidas o conocibles, por lo tanto, se debe orientar en tal sentido a los intervinientes para evitar desgates innecesarios para la Administración.